La acción de tutela, regulada por el decreto 2591 de 1991, permite a toda persona que sienta vulnerado o amenazado un derecho fundamental, acudir ante los jueces constitucionales para la defensa de dicho derecho.

La acción de tutela cuenta con un procedimiento preferente y sumario, lo que significa que tendrá prelación sobre otras actuaciones judiciales y se resolverá en un término de diez días.

Es importante no perder de vista que para la procedencia de la acción de tutela, es necesario que el accionante no cuente con otro mecanismo de defensa, es decir, que la única salida es acudir a esta acción constitucional.